Huelva está lejos de cumplir el objetivo de la accesibilidad en los edificios para personas discapacitadas y mayores de 70 años, y solamente algo menos del 30% de las comunidades de propietarios ha cumplido con la eliminación de barreras arquitectónicas en las comunidades de propietarios, en la mayor parte de los casos con colocación de rampas y salvaescaleras, y no tanto de ascensores.
Este 4 de diciembre se cumple el plazo establecido por el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que contempla que, en las viviendas en régimen de propiedad horizontal –comunidades de propietarios– deben realizarse las obras necesarias para que las personas con discapacidad puedan usar los elementos comunes, con la instalación de rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la entrada y salida.
El Colegio de Administradores de Fincas de Huelva pone su asesoría de información a disposición de los ciudadanos y de las comunidades de propietarios que no cuenten con un profesional colegiado, para que puedan realizar las consultas necesarias sobre cómo hacer posible el derecho a la accesibilidad universal en los edificios.
Desde el COAF de Huelva se recomienda a aquellas comunidades de propietarios que no hayan acometido la eliminación de barreras que valoren, con un informe técnico, qué instalación o tipo de obra es la más adecuada para permitir la accesibilidad en el edificio y sus elementos comunes, y establecer un plan económico y la aprobación correspondiente en Junta de propietarios para poder realizar la obra o adaptación correspondiente.
Tanto el COAF de Huelva como el conjunto de los administradores de fincas colegiados han trabajado intensamente estos años en aras del cumplimiento de la normativa establecida para el derecho a la accesibilidad universal, pero la situación económica general –con subvenciones limitadas y, en muchos casos, comunidades de propietarios sin capacidad económica para costearse las obras– ha impedido el cumplimiento fijado en base al Real Decreto Legislativo 1/2013, por lo que harían falta más ayudas públicas.
Como ha expresado el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) en Huelva, existe en los barrios de la capital principalmente un gran volumen de edificios antiguos, construidos en las décadas de los 50 y 60, que necesitan esta eliminación de barreras, pero la falta de sensibilización al respecto y la escasez de recursos económicos viene dificultando más el cumplimiento de la normativa.
Hace falta más concienciación y sensibilización
La delegación onubense de COCEMFE, a través del Área de Accesibilidad, afirma que desde que entrara en vigor la normativa, “existe una mayor sensibilidad por parte de las comunidades vecinales ante el problema”, aunque subrayan que en gran parte de estos edificios “no hay recursos económicos” para poner en marcha la rehabilitación y todavía queda mucho trabajo en materia de sensibilización para asumir que, “cuando hay una sola persona que necesita ese cambio en el inmueble, hay que acometerlo”, destacan.
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) señala que a nivel nacional la situación es muy similar a la de Huelva y en España el 77% de los edificios no ha eliminado las barreras arquitectónicas de acceso en sus edificios. Creen que es necesaria una mayor sensibilización social para que el derecho a la accesibilidad universal sea un hecho y propone como solución la creación de un fondo de liquidez acumulativo, que generaría rapidez en la tramitación de las ayudas y un bajo coste de gestión.