• Los AA.FF. colegiados alertan del impacto en las comunidades de propietarios y solicitan “una solución urgente ante el perjuicio económico y reputacional”
  • Se reclama “estabilidad normativa para no perjudicar a miles de propietarios que ya han aprobado obras financiadas con fondos europeos y deducciones fiscales”

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas (COAF) de Huelva ha expresado su preocupación por la no convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley 2/2026, decisión que ha dejado en suspenso la prórroga de las deducciones fiscales en el IRPF destinadas a actuaciones de rehabilitación energética en viviendas y edificios.

Esta situación genera un escenario de incertidumbre para miles de comunidades de propietarios en toda España, muchas de las cuales están ejecutando actualmente obras de mejora energética financiadas parcialmente con los fondos europeos Next Generation, cuyo plazo de ejecución y justificación concluye el próximo 30 de junio.

Según explica el presidente del COAF Huelva, José Antonio Oria, “no se puede pedir a los propietarios que realicen inversiones importantes para rehabilitar sus edificios y cambiar las reglas fiscales a mitad del proceso”. En este sentido, el colegio provincial respalda la posición trasladada por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), que ha alertado del “riesgo que supone modificar el marco fiscal cuando las inversiones ya han sido aprobadas por las comunidades de propietarios con el esfuerzo que eso ha supuesto”.

Muchas comunidades ya han acordado el gasto y la obra.

En muchos casos, las actuaciones se aprobaron en junta de propietarios teniendo en cuenta “un equilibrio económico basado en subvenciones públicas, financiación bancaria o derramas extraordinarias y, de forma muy relevante, las deducciones fiscales comprometidas en el marco de las políticas de transición energética”.

LAS COMUNIDADES PODRÍAN ASUMIR SOBRECOSTES SOBREVENIDOS

Desde el COAF Huelva advierten de que la suspensión de estos incentivos fiscales puede alterar gravemente el equilibrio económico de numerosas rehabilitaciones energéticas, generando un sobrecoste inesperado para los propietarios.

El Consejo General ha señalado que existe un riesgo real de que algunos vecinos no puedan asumir ese incremento económico sobrevenido, lo que podría afectar a proyectos ya iniciados o a la ejecución de obras actualmente en marcha.  Asimismo, el colectivo profesional alerta de que la situación puede tener un impacto reputacional en las políticas públicas de transición energética, ya que la pérdida de confianza de los propietarios podría frenar nuevas inversiones en rehabilitación energética de edificios.

“La rehabilitación energética necesita estabilidad normativa, no incertidumbre”, subraya José Antonio Oria, quien recuerda que la modernización del parque residencial español es uno de los pilares de las políticas europeas de sostenibilidad y eficiencia energética.

Los trabajos de fachadas aportan ahorro energético que sería subvencionado.

LLAMAMIENTO A UNA SOLUCIÓN URGENTE

Ante esta situación, el Consejo General de Administradores de Fincas ha solicitado al Gobierno la aprobación urgente de una prórroga de las deducciones fiscales suspendidas, así como el estudio de medidas complementarias que permitan ampliar los plazos de ejecución y justificación de las obras vinculadas a fondos europeos.

Además, el sector propone avanzar hacia un marco fiscal estable y permanente para la rehabilitación energética, que incluya incentivos duraderos como deducciones en el IRPF, bonificaciones en el IBI, tipos reducidos de IVA o reducción de tasas municipales para obras de mejora energética.

El COAF Huelva recuerda que los Administradores de Fincas Colegiados desempeñan un papel clave en la gestión y ejecución de estos proyectos, asesorando a las comunidades de propietarios en materia jurídica, económica y técnica para garantizar que las actuaciones se desarrollen conforme a la normativa vigente y con la máxima eficiencia. “Está en juego la confianza de millones de propietarios y la credibilidad de las políticas públicas de rehabilitación energética”, concluye Oria.