El despacho TZC – siglas de Tu Zona Común, en el número 41 de la calle Rascón de Huelva capital– es el fruto de más casi tres lustros de trabajo al servicio de la administración de fincas y la asesoría laboral y judicial. Al frente de esta oficina, de apenas un año de andadura desde que abriera sus puertas, se encuentra Rafael Infante, abogado y administrador de fincas de 41 años y licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Y no, no le viene de familia, ni la abogacía ni la administración de fincas.
TZC es uno de los despachos onubenses que puede presumir de estar colegiado desde sus orígenes -antes de que existiera la marca comercial-, algo que el propio Infante vio como “una necesidad” desde el mismo principio de su actividad profesional, primero como abogado y luego como administrador de fincas. En este sentido, Rafael Infante se muestra tajante a la hora de describir la situación de competencia desleal en Huelva: “El problema del intrusismo aquí es devastador”.
Pregunta.- ¿Cómo comenzó su andadura profesional en la administración de fincas?
Respuesta.- Ejerzo la actividad de administrador de fincas desde hace unos 15 años y la compagino con la actividad de abogado. TZC es la concreción de otra serie de proyectos y actividades iniciales que habíamos comenzado en el sector de las administraciones de fincas. En un principio llevábamos un número determinado número de comunidades y afortunadamente la actividad fue progresando avanzando de forma positiva. Siempre tuvimos en mente ofrecer un servicio de administración de fincas, asesoría legal, jurídico y fiscal, que es lo que se manifiesta en TZC.
P.- ¿Fue buscado o derivado?
R.- Fue derivado de la actividad que ejercía de abogado, y tras coincidir con varios profesionales y personas en el ejercicio de la abogacía, hizo que se abriera esa puerta, de manera que lo que comenzó siendo una actividad muy concreta y puntual al final fue aumentando. La gente fue respondiendo positivamente seguían llegando las ofertas, por lo que nos planteamos la idea de incorporarlo a nuestra actividad profesional.
P.- ¿Desde cuándo están colegiados?
R.- Prácticamente estamos colegiados desde que nació el Colegio Oficial de Administradores de Fincas (COAF) de Huelva. Lo considerábamos esencial. Formábamos ya parte del Colegio de Abogados de Huelva y tenemos muy claro lo que supone la colegiación y su importancia, los aspectos positivos que conlleva para la abogacía, donde ésta es obligatoria, y desgraciadamente en la administración de fincas ser colegiado es ‘voluntario’.
P.- ¿Por qué considera la colegiación importante para el administrador de fincas?
R.- Es una garantía desde el punto de vista de la formación, casi continua, para el asesoramiento y para la defensa de nuestros propios intereses, además de ser también una garantía para el propio administrado. Nosotros, cuando ofertamos nuestros servicios de administradores de fincas, ofrecemos siempre la colegiación como una marca de garantía.
«Nosotros siempre ofrecemos la colegiación como marca de garantía»
P.- ¿Observa mucha competencia desleal o intrusismo en Huelva?
R.- El problema del intrusismo en Huelva es devastador. Es algo que notamos a diario. Hay una percepción de que la administración de fincas es una tarea fácil de desarrollar y la identifican meramente simplemente con llevar una contabilidad y atender la llamada del comunero. Y es que aparte de requerir una formación contable más que aceptable, la administración de fincas cada día exige una formación jurídica más específica, y no sólo en torno a la Propiedad Horizontal, sino que se extiende a otras ramificaciones, como responsabilidad de construcción, Derecho Civil, Derecho Fiscal, a nivel laboral (si tienen contratados trabajadores)… La ramificación normativa es tan grande que, desde mi punto de vista, las personas que deciden desempeñar este cargo sin ningún tipo de formación cometen una temeridad, y por parte de las comunidades de propietarios es un atrevimiento y riesgo. Después, en la práctica, vemos cómo hay muchas personas que se quejan de su administrador de fincas y cuando compruebas quién ha estado detrás, ves que no son administradores colegiados.
«Quienes deciden desempeñar este cargo sin colegiarse cometen una temeridad, y por parte de las comunidades es un atrevimiento y riesgo»
P.- ¿A esas personas se les puede llamar administradores de fincas pese a no estar colegiados?
R.- Entiendo jurídicamente que no, y existe una resolución del Tribunal Supremo que dice que salvo en los supuestos que la gestión la desarrolle un propietario o comunero, ofrecer el servicio de administrador sin ser colegiado supone un fraude. La administración de fincas implica la colegiación y y ésta a su vez garantiza una formación y el respeto a las normas deontológicas.
P.- ¿Huelva es especial en comparación con otras provincias?
R.- Quizás por deformación profesional, cuando viajo a otras provincias sí que lo pregunto, y llego a la conclusión de que el caso de Huelva es muy particular en cuanto al intrusismo. Desde hace mucho tiempo, hay una necesidad por parte de los usuarios de abaratar costes en cierto sentido y es la principal baza que esgrimen quienes desarrollan la actividad no colegiada. Unos precios con los que en la práctica ningún profesional que ejerza su actividad de forma normalizada y colegiada y con empleados puede competir.
«El caso de Huelva en cuanto a intrusismo es muy particular comparado con otras provincias»
P.- ¿Cuántas comunidades de propietarios gestiona TZC?
R.- Tratamos de mantener un número fijo de comunidades, y llevamos alrededor de 50. No son pocas precisamente… Y muchas veces nos vemos obligados a llevar un gran número de comunidades para poder atender los gastos de despacho y tener una remuneración decente. Si los precios fueran más razonables, y se ajustaran más a los precios que marca el COAF, se podría llevar una gestión más óptima.
P.- ¿El problema de la morosidad también afecta a vuestra administración de fincas?
R.- Todos los despachos profesionales han atravesado un desierto en los últimos cinco o seis años en ese sentido, porque lógicamente no hemos sido ajenos a las situaciones económicas tan dramáticas que ha pasado el país. Eso se ha reflejado en la situación de impagados.
P.- Pero ha mejorado la situación.
R.- Está mejorando la situación, y ha coincidido con la salida de la crisis. Y detrás hay también un proceso de reclamación y de iniciar los procedimientos judiciales correspondientes. Quizá el principal escollo que nos estamos encontrando, más que con los particulares, es con las entidades bancarias. Algunas son bastante duras de pelar en el sentido de que es muy difícil llegar con ellas a un entendimiento para resolver los asuntos pacíficamente. Incluso se da la situación de adquisiciones de inmuebles que no han sido llevados al Registro Mercantil: sino que ha sido adjudicado por auto judicial o por otro tipo de transacción, y nos las vemos y deseamos para encontrar su titular. Al final vemos que coincide con un banco que ha utilizado este tipo de argucias para evitar pagar las cuotas de la comunidad durante un periodo y poder transmitir la finca libremente.
«La morosidad ha bajado y encontramos el principal escollo con las entidades bancarias, no tanto con los vecinos»
P.- ¿Y los propietarios?
R.- Nos encontramos en todas las comunidades la figura del deudor recalcitrante. Pero también de familias deudoras que siempre han pagado religiosamente sus cuotas y se han encontrado con la comprensión y solidaridad del resto de comuneros, dando la posibilidad de pagar poco a poco o buscando fórmulas para hacerlo.
P.- ¿Qué diferencias destacaría en la administración de entonces, cuando empezó, y el momento actual?
R.- Sobre todo la evolución tecnológica, que ha supuesto un beneficio enorme para nosotros. Existen ahora herramientas que nos permiten controlar nuestro trabajo y el ajeno. De otro lado, todos notamos que ahora el control sobre la figura del administrador es más grande. Cosa que no me parece mal. Hay un control permanente continuo de todos los comuneros, a los que hay que tratar de dar respuesta. Antes se articulaba la comunicación con los respectivos presidentes y ahora esa fiscalización la hacen y persiguen todos los vecinos.
P.- ¿Recomendaría a otros esta profesión?
R.- La administración de fincas tiene un aspecto muy positivo, que es el trato con el usuario, el administrado. Es una relación estable y se forman vínculos, convirtiéndose incluso en ‘amigos’ a los que vamos a visitar, y no clientes. Al mismo tiempo, es una profesión que supone un desgaste importante, porque es muy raro el administrador de fincas que tiene un límite claro de su jornada laboral, desde las 8.00 h. hasta las tantas, e incluso fines de semana. Poco a poco, habrá que articular soluciones a esa problemática que repercute en la conciliación. Yo creo que la solución está en la asociación de administradores de fincas, si queremos dar solución y abarcar todos los problemas, una experiencia que ya se está viendo en los despachos de abogados.
P.- ¿Considera importante el grado universitario propio?
R.- Es importante regular la profesión y reconocer al administrador de fincas la labor que realiza. No creo que exista un reconocimiento por parte de la sociedad de esta labor, y una de las razones es el intrusismo, el administrador que se identifica como tal sin serlo y que entra como una apisonadora en las comunidades de vecinos.