El COAF de Huelva reclama mayor celeridad en los lanzamientos “para reducir las molestias que trae la ocupación en la convivencia vecinal”

La ‘ocupación ilegal’ de viviendas no es un problema del pasado, y parece haberse estabilizado su existencia en la provincia de Huelva, con especial incidencia en la capital y las zonas costeras, donde se concentra el mayor porcentaje de población y de estos casos.

Desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Huelva (COAF) señalan que, “a pesar de ser cierto que se han visto reducidos los procedimientos de ejecuciones hipotecarias presentados, observamos que no dejan de aparecen casos de ocupaciones ilegales y se sigue sufriendo la paralización de los juzgados de estos procedimientos”, destaca el presidente del colegio onubense, Alejandro Chamorro.

Ejemplo de eso es que “en 2018 se presentaron 32 demandas por ocupación ilegal, de las que solo se han resuelto cuatro (4) y siguen pendiente de resolución las restantes 28, mientras que en el año 2019 son otros 39 los que permanecen en trámite”, explica el presidente de la institución colegial onubense, quien reclama mayor atención de las administraciones: “Seguimos sufriendo la inacción por parte de las administraciones, en tanto que la forma en que conviven estas personas, casi siempre en lamentables condiciones, genera importantes molestias vecinales, además de numerosos casos de violencia de género y de falta de escolarización de los niños más pequeños”.

En este mismo sentido, el vicepresidente de los administradores de fincas colegiados, José Antonio Oria, quien ha tenido que lidiar con casos enquistados durante años en algunas de las localidades costeras, resalta los “continuos problemas por el enganches irregulares en los suministros, realizados por personal no adecuado, que se suma a la dejadez de muchas entidades bancarias, dado que incluso muchos de los ocupas quieren pagar su alquiler, pero no se les ofrecen facilidades por parte de estas entidades”.

Pdte_y_Vpdte_COAF_2

Por el contrario, en otras ocasiones “el que ocupa no quiere pagar nada, pero los bancos no presentan las demandas pertinentes, y son los vecinos los que sufren todas las incidencias que los bancos no atienden cuando son requeridos por parte de la comunidad de propietarios, como por ejemplo en casos de filtraciones de agua a sótanos por tuberías rotas, o desagües de lavadoras por balcones, y una larga casuística”.

Por tanto, y a pesar de que haya habido un descenso en los lanzamientos judiciales que haya habido por precario, que son los que no tienen ningún contrato de dicha vivienda, “la tardanza en los juzgados con los procedimientos, que son complejos y lentos, sigue causando molestias, perjuicios económicos y morales al resto de los residentes en comunidades de propietarios, ya sean de propiedad horizontal o de urbanizaciones”, lamenta Oria.

Una situación tristemente normalizada
Desde el COAF se han mantenido encuentros con la Subdelegación del Gobierno y con algunos de los ayuntamientos, así como las empresas de suministros energéticos para tratar de paliar los efectos de una situación “tristemente normalizada, con la que los vecinos afectados y los administradores de fincas tratamos de luchar a diario”, denunció el presidente.

El problema empezó a agudizarse con la crisis económica, cuando quedaron muchas viviendas vacías de diferentes tipos. Por un lado, viviendas compradas por empresas especuladoras a precios por encima del mercado que tras la crisis no podían afrontar las hipotecas tan altas y los bancos fueron quedándose con las mismas. Por otra parte, urbanizaciones enteras de promotores inmobiliarios que, igualmente, fueron pasando a propiedad de entidades bancarias, y, por último, viviendas ejecutadas judicialmente a los propietarios con problemas económicos sobrevenidos En Huelva, casi exclusivamente se han llegado a ocupar estos tres tipos de vivienda y “en muy pocos casos han sido viviendas de segunda residencia o de propietarios que vivan habitualmente en la vivienda”, aclara el vicepresidente del COAF.

Puertas COAF viviendas ocupadas

Otra razón por la que situación parece haberse estabilizado es porque “ya casi no hay más viviendas vacías que ocupar, pues todo está ocupado, pero esta oleada de años de ocupación ha conllevado enganches de suministros y muchísimas quejas de los vecinos”, aclara el vicepresidente del COAF, quien añade que “ahora que está casi todo ocupado la situación, lógicamente, va a menos, además de que los lanzamientos por ocupación van llegando porque llevamos más de 10 años desde las primeras ocupaciones y los juzgados van resolviendo”.

Obstáculos de las entidades bancarias y medidas disuasorias
Respecto a las viviendas ocupadas que pertenecen a entidades bancarias “en principio pagan las cuotas comunitarias, pero sí es verdad que se ha generado un gasto añadido en cada momento inicial por la dejadez de los bancos en poner medios para evitar las ocupaciones, que ha provocado que, en muchas casos, fuesen las propias comunidades las que se hicieran cargo de cerrar estas viviendas o de reparar los daños que los ocupas causaban, sin entrar a valorar nuevamente que, por lo general el que ocupa no está acostumbrado a vivir en comunidad y no respeta las normas comunitarias y se perjudica de forma grave la convivencia”.

En los dos últimos años, según reconocen desde el COAF de Huelva, “se ha podido apreciar más inmediatez a la hora de acudir los cuerpos de seguridad a las llamadas de los casos de ocupación ilegal de viviendas, y creemos que se tiene todo algo más controlado”.

En este sentido, desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Huelva –y siguiendo las recomendaciones del Consejo General de Colegios de España– se realizan de forma periódica recomendaciones a los propietarios sobre medidas que hay que tomar para no ser víctimas de ocupación, además de “tratar de presionar a empresas suministradoras para que corten suministros y estar muy en contacto con las administraciones públicas como concejalías, Defensor del Pueblo andaluz, consejerías de la Junta de Andalucía, para que estén encima de los juzgados y cuerpos de seguridad, caso por caso, además del recordatorio constante a los departamentos de ocupaciones de las entidades bancarias para pedir que interpusieran las demandas pertinentes, informándoles además, de todos los problemas paralelos.