El Vpdte. del Colegio Nacional Administradores de Fincas y Pdte. del Colegio de Barcelona-Lleida, Enrique Vendrell, traslada el problema de las ocupaciones ilegales de los edificios al Parlamento, poniendo de ejemplo la información que puso el COAF Huelva de actualidad denunciando las ocupaciones en la costa onubense.
El Congreso de los Diputados está discutiendo en la Comisión de Justicia la propuesta del cambio de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular un procedimiento específico que garantice la posesión de las viviendas, cuyos propietarios son personas físicas, así como la disponibilidad de las viviendas de alquiler social por parte de las entidades sociales y las administraciones públicas. Lamentablemente, al mencionar un problema de alcance nacional, se citaron los recientes episodios de usurpación ilegal de viviendas de la costa occidental denunciados de forma continua y en diferentes ámbitos por el COAF de Huelva.
Los Administradores de Fincas Colegiados han estado presentes en estos debates de la mano de su vicepresidente nacional, Enrique Vendrell, quien ha destacado que los colegiados perciben en primera persona esta problemática social al estar “en contacto directo con la realidad de los inmuebles y de los problemas vecinales”. Vendrell destacó que la mayor parte de las ocupaciones se producen en pisos de edificios “en propiedad horizontal”, y según un estudio reciente, “no solo el 80% de los españoles viven en este tipo de régimen”, sino que estas ocupaciones se están realizando “preferentemente en estos inmuebles”.
Angustia e indignación vecinal
El Pte. del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida informó a sus señorías de que el perfil de vivienda ocupada “se ha extendido y actualmente no discrimina, cualquier piso que está de forma puntual vacío, es un piso candidato a la ocupación, ya sea público, privado, de entidad bancaria o una segunda vivienda”, aseguró Vendrell, añadiendo que “un piso que se anuncia para la compra-venta, ya es un reclamo para ser ocupado”.
Tal y como explicó Vendrell a los diputados, las ocupaciones se reciben con “mucha inquietud y desconfianza”, ya que las relaciones entre los “residentes legales y los ilegales evoluciona a una situación de angustia y, también, de indignación”. Según el vicepresidente de los Administradores Colegiados, los conflictos vienen derivados porque los ocupas “deterioran el mobiliario comunitario y hacen uso de las instalaciones generales – como el ascensor, el jardín o, incluso, la piscina – sin contribuir a los gastos de mantenimiento”.
Casos en Huelva como ‘ejemplo nacional’ de ocupación ilegal
Vendrell aseguró que se producen “muchos conflictos y altercados convivenciales muy difíciles de gestionar”, como pueden ser amenazas e insultos, molestias por ruidos, por tránsito de personas o perdidas de seguridad. Como ejemplo, mencionó el eco que se había hecho la prensa de las ocupaciones en Huelva, donde “sobre todo son segundas residencias, casas de veraneo”, las que son objeto de estas usurpaciones en la legalidad.
A todo lo anterior, se suma la “manipulación de los servicios de agua, luz o gas” que pueda haber en el inmueble. De hecho, el vicepresidente de los Administradores Colegiados recordó en su intervención que se han llegado a producir “explosiones e incendios, como sucedió en un inmueble en Tarragona víctima de estas actuaciones”.
Vendrell hacía referencia al caso de Calafell, donde a raíz de una explosión de gas en un piso ocupado, el alcalde solicitó a los vecinos que denunciaran otras situaciones de ocupación y en pocas horas recibió 38 denuncias más sin detectar, como informó el diario catalán El Periódico.
Desde el COAF-Huelva y la subdelegación de Gobierno en Huelva ya se advirtió en este mismo sentido durante el último encuentro en que los miembros de la Junta Directiva del COAF y la subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, cuando la representante del Gobierno de la nación en la provincia resaltó “la importancia de denunciar siempre que se sufran casos”.
Un cambio legislativo necesario y justo
Vendrell, manifestando la opinión de los Colegios Oficiales de España, aseveró que “la solución de acudir a la vía judicial realmente no está resultando, no tranquiliza a los afectados, sobre todo por la duración de los procesos y la dificultad”. La legislación actual, “no está ayudando a recuperar las viviendas ocupadas de una manera eficaz”.
Para el vicepresidente de los Administradores Colegiados, el cambio de la ley va a proporcionar una “herramienta como la medida cautelar”, consistente en que mientras se dirime el caso de la ocupación, la finca vuelve a la “situación anterior” a la que estaba, antes de que ser hubiera llevado a cabo “este acto ilegal”.
Vendrell aseguró que la medida cautelar es “adecuada como primera acción instrumental de carácter procesal” porque tiene un doble efecto: permite la continuidad del proceso de forma sumaria, incluso si el propio ocupante cree que tiene el derecho legítimo a estar en este inmueble, y, al mismo tiempo, “no se utiliza el proceso judicial como un instrumento dilatador para retrasar el desalojo”.
Aunque es cierto que los Administradores de Fincas Colegiados alaban esta herramienta, Vendrell resaltó que, desde el sector, no se entiende que “la recuperación de la vivienda se circunscriba solamente a personas físicas y entidades sociales de la administración, y no se amplía también a las personas jurídicas”. “No todas las entidades jurídicas son financieras o bancos, la gran mayoría son pequeñas sociedades mercantiles o familiares que no tienen afán especulador, sino de gestión de su patrimonio”, aclaró.
Por ello, desde el Colegio Nacional de Administradores de Fincas apuestan por “no impedirles que puedan ejercer ese derecho cuando se está ante una situación tan grave”. Además, Vendrell también propuso que se igualen las obligaciones cuando se recurra una sentencia. Esto se debe a que el propietario, para oponerse a esa resolución, tiene que “prestar una caución”, una garantía, normalmente monetaria. Sin embargo, el ocupador de la finca “puede apelar sin ninguna caución, con lo cual gana hasta dos años más”.
Vendrell hizo un llamamiento a la “responsabilidad” para ofrecer “herramientas adecuadas y flexibles para que los jueces y los ciudadanos encuentren medios suficientes y eficaces para proteger y respetar mayoritariamente los derechos”.
Ocupaciones indiscriminadas, generalizadas y lucrativas
Para el vicepresidente de los Administradores Colegiados “no hay que perder el objetivo”, ya que se están tratando de ocupaciones “indiscriminadas, generalizadas, que se están extendiendo como un sistema de negocio y de residir gratis en una vivienda en España”.
Es más, Vendrell lamentó que se trata muchas veces de “ocupaciones premeditadas, estudiadas y analizadas, con el fin de obtener del propietario una compensación económica como condición para desocupar esas viviendas, cantidades que van desde los 2.000 a los 10.000 euros”.
Ante esto, el vicepresidente añadió que esta situación está siendo “aprovechada por ciertos grupos u organizaciones profesionales utilizando resquicios que les permite nuestro sistema judicial” haciendo de esta práctica “indiscriminada un negocio interesante”, calificadas de “mafias porque cobran ilegítimamente por esas viviendas a personas necesitadas”.
Desarrollar una asistencia social adecuada
Desde el Colegio Nacional se comparte que nuestra sociedad debe tener asistencia social adecuada mediante un “parque público de viviendas suficiente” para proporcionar las máximas opciones residenciales de aquellas personas “vulnerables o en riesgo de exclusión, ya sean autóctonas o de otros países”. Las políticas sociales de vivienda “corresponden” a las administraciones públicas, pero el parque de viviendas que actualmente poseen es “del 2 %, absolutamente insuficiente, y habrá que incrementarlo”, reclamó Vendrell.
Para el portavoz Colegial en la problemática de la ocupación suelen estar enfrentados dos derechos recogidos en la Constitución: por un lado, el artículo 47 que apunta que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”; y, por otro, el artículo 33 que contempla el derecho constitucional a la propiedad privada, por el que “nadie puede ser despojado de sus bienes si no es por una causa justificada mediante su correspondiente procedimiento donde se fije una indemnización”.
Por esta razón, Vendrell denunció en su alocución ante la Cámara de Representantes que “tolerar la ocupación no es hacer política social relativa al artículo 47, como ocurre en la actualidad, por la necesidad o ignorancia de ciertas personas, posiblemente con dificultades económicas o residenciales reales”, y puntualizó que “el problema es que se imponga uno de los derechos constitucionales sobre el otro”.
Vendrell puso de ejemplo la estrecha relación de los Administradores de Fincas Colegiados catalanes con la Comisión de Vivienda y Asistencia ante Situaciones de Emergencia Social (CHASE), donde “aportan y sugieren soluciones” a aquellas personas o familias que puedan estar en situación de riesgo de exclusión habitacional. “Los Colegios tenemos acuerdos con algunas administraciones locales para incentivar a los propietarios a que aporten viviendas a la bolsa de alquileres en régimen de alquiler social”, además de “coordinar con los servicios sociales estas desocupaciones”, explicó, tal y como se contempla en el enjuiciamiento por un desalojo.