Hemos conocido recientemente cómo en algunos territorios, como es el caso de Baleares, la Administración está tomando medidas legislativas contra la morosidad de las entidades financieras en las comunidades de propietarios.

Desde el Colegio de Administradores de Fincas (COAF) de Huelva, consideramos que el paso que ha dado el Gobierno balear debe servir como ejemplo en otras comunidades autonómicas como la nuestra.

Según la reciente reforma de la Ley de Vivienda de Baleares, los administradores de fincas y también los presidentes de las comunidades de propietarios tienen la posibilidad de denunciar ante el Govern a los bancos morosos, siempre y cuando puedan acreditar el adeudo mediante un certificado. Así, desde este verano se puede denunciar directamente a la entidad financiera morosa frente a la Administración.

En base a la documentación y a los elementos probados, se contemplan sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros, y un máximo del 200% de la deuda, por lo que a buen seguro se traducirá en una “mucho mayor presión sobre los bancos propietarios de inmuebles que sean morosos”.

En la provincia de Huelva, el año pasado fue el tercer consecutivo en el que bajó la morosidad, alcanzando la deuda los 21,1 millones de euros, es decir, 850.000 euros menos que en ejercicio anterior (3,67%). De este montante, 2,2 millones –casi 800.000 euros menos– corresponden a la deuda financiera.

David Toscano, presidente del COAF de Huelva, afirma que la reducción de la morosidad bancaria es en gran parte fruto de los “continuos contactos” del Colegio onubense con los responsables de las entidades financieras, arrancándoles el compromiso de cumplir con sus obligaciones como propietarias.

No obstante, aunque en algunos casos hemos logrado desbloquear situaciones de impago de los bancos, hay muchas otras que se han enquistado, pero el COAF no dejará de combatir contra esta complicada situación. “Sin el pago de las financieras, es imposible dar viabilidad a las comunidades de propietarios, dificultando enormemente la gestión, y provocando auténticos desajustes en las arcas de cada comunidad”, recuerda Oria.

Para el COAF, en las islas, “el Govern tendrá mucho que decir, y también los presidentes de las comunidades vecinales, ya que desde este verano pueden denunciar directamente ante la Administración autonómica a la entidad financiera morosa, siempre y cuando se acredite el adeudo mediante un certificado”.

 

Complemento de la LPH

Esta normativa de carácter regional podría ser “efectiva y complementaria” con la Ley de Propiedad Horizontal, sobre la que se rige la Administración de Fincas, y cuya reforma integral –que debe obtener el apoyo parlamentario– establecería también medidas para combatir la morosidad de las financieras.

En la comunidad autónoma andaluza, la mayor bajada relativa -deudas vecinal y bancaria juntas-, ha sido la registrada en Cádiz (-4,82%, con una morosidad total de 47,44 millones de euros), a la que siguen las provincias de Jaén (-4,11%, 21,33 millones de euros), Córdoba (-4,09%, 32,47 millones), Málaga (-3,99%, 64,30 millones), Granada (-3,94%, 37,37 millones), Huelva (-3,67%, 22,21 millones), Almería (-3,10%, 35,45 millones) y, por último, Sevilla (-2,84%, 47,56 millones). En Andalucía, la morosidad alcanzó en 2017 los 308,11 millones de euros, un 3,83 por ciento menos respecto al ejercicio anterior.