El Colegio de Administradores de Fincas de Huelva (COAF) mediante la celebración de una Jornada Técnica ha querido llamar la atención de las Comunidades de Propietarios y la de los propios administradores colegiados y sus colaboradores sobre la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, que obliga a los edificios de viviendas de más de 20 años de antigüedad a superar la Inspección de Evaluación de la Edificación (I.E.E) pues, de no hacerlo, pueden incurrir en responsabilidades legales y recibir sanciones.
El COAF advierte así sobre “la necesidad de que las Comunidades de Propietarios tomen conciencia de que, con independencia de la existencia de la normativa obligatoria, tienen la necesidad moral de tener sus elementos comunes en buen estado de conservación para que la finca se acomode a la habitabilidad de sus propietarios”, destacó el presidente del COAF, David Toscano Limón.
Son muchas las comunidades de propietarios de Huelva que deben acometer inspecciones y arreglar o remodelar fachadas, cerramientos, saneamientos o suministros por lo que “es vital para nosotros, como profesionales cualificados, conocer e informar sobre las Responsabilidades que se derivan para la Comunidad y el propio Administrador de los problemas causados por la falta de mantenimiento del edificio”, explicó el responsable de Formación del COAF, Óscar Camacho, quien quiso destacar en el transcurso de la Jornada la labor de prevención que están haciendo los Administradores Colegiados con sus administrados, porque incumplir la Ley puede acarrea peligros y gastos aún mayores.
Gran coste de las obras y falta de ayudas
El incumplimiento de esta Ley por las Comunidades de Propietarios se produce en gran parte por el alto coste de realizar las reformas que se desprenden de estas inspecciones “especialmente para propietarios de comunidades de avanzada edad y con recursos económicos escasos”, por lo que desde el COAF se hace hincapié en que hay que sustituir de forma paulatina los elementos que han quedado obsoletos “para evitar accidentes o problemas mayores que obligan a acometer al final un desembolso mayor o de forma obligatoria vía sanción administrativa”, explicó Toscano, lamentando que las subvenciones para este tipo de rehabilitación “son totalmente insuficientes para la demanda y las necesidades de la provincia”.
En colaboración con el arquitecto técnico, Carlos Rodríguez Pichardo, la Jornada sobre el Informe de Evaluación de la Edificación’ (I.E.E), se ha celebrado en la sede colegial a fin de solventar las dudas que puedan surgir a los Administradores Colegiados sobre una normativa que entró en vigor hace ya cuatro años. En el programa se informó sobre las diferencias de aplicación de la Ley en los ayuntamientos, los profesionales que poseen las competencias para realizar este informe y las actuaciones que hay que cumplir a requerimiento de la administración por el deficiente mantenimiento del inmueble. Se llegó al detalle de esta normativa, que ha sido modificada en diversas ocasiones, como la experimentada en el Texto Refundido de 7/2015 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
