Hemos conocido recientemente la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de dos reales decretos para regular el proceso de implantación del Segundo Dividendo Digital, que llega con la tecnología 5G, liberando la banda de frecuencias de 700 MHz, que en la actualidad ocupa la televisión digital terrestre (TDT).
Un proceso de adaptación tecnológica que afectará a la totalidad de las comunidades de propietarios, y con costes económicos importantes para las mismas.
Desde el Colegio de Administradores de Fincas (COAF) de Huelva consideramos muy importante la aprobación de los dos reales decretos –publicados el pasado 21 de junio por el Ministerio de Economía y Empresa–, ya que mediante uno de ellos (RD 391/2019), que actúa como marco, se aprueba el Plan Técnico Nacional de la TDT, así como se regulan determinados aspectos para la liberación del Segundo Dividendo Digital.
Por otro lado, el Real Decreto 392/2019 se encargará de regular la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva de las edificaciones afectadas por la liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz (Segundo Dividendo Digital).
En total, según ha anunciado el Ejecutivo, se otorgarán ayudas por un importe total de 150 millones de euros en aras de facilitar la adaptación, y en base a las previsiones, podrían beneficiarse de las ayudas en torno a 850.000 comunidades vecinales. Las cuantías de las subvenciones oscilan entre los 104 y los 678 euros, en función de la infraestructura previamente instalada.
El COAF recuerda a las comunidades de vecinos de la provincia de Huelva la importancia de este nuevo cambio tecnológico, y así se lo ha hecho saber a los administradores de fincas colegiados. Precisamente, el Colegio onubense celebró en mayo una jornada técnico-formativa de la mano de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Andalucía (Atelan), con el objetivo de explicar los puntos más importantes en esta transición, y para que las comunidades de propietarios administradas por colegiados estén debidamente informadas al respecto.