La subdelegada Asunción Grávalos recuerda que es clave la pronta denuncia de los propietarios para agilizar la labor de la Justicia y las FCSE puedan actuar en estos casos.
Los representantes del Colegio de Administradores de Fincas de Huelva (COAF) se reunieron con la subdelegada del Gobierno en un primer encuentro institucional desde que Asunción Grávalos asumiera el cargo para tratar las principales inquietudes de las Comunidades de Propietarios. En el mismo le transmitieron la preocupación de los Administradores Colegiados, y en nombre de las Comunidades que representan, por el aumento y la incidencia de la Ocupación ilegal en toda la provincia de Huelva, y muy especialmente, en pueblos de la Costa.
Tanto el presidente David Toscano, como el vocal de Deontología, Alejandro Chamorro, trasladaron a la subdelegada la preocupación del COAF por la ocupación ilegal de viviendas, “que conlleva problemas de seguridad y salubridad, al afectar tanto al orden público como a la convivencia entre los vecinos al producirse enganches ilegales a la luz o al agua que acaban costeando los propietarios”.
El presidente del COAF abogó por establecer un protocolo de actuación para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) “actúen con determinación”, especialmente en aquellos casos vinculados a colectivos o individuos “que extorsionan a los legítimos propietarios para sacar provecho económico”. Grávalos recordó que para combatir la ocupación ilegal de viviendas es “clave e imprescindible” la pronta denuncia de los propietarios, a fin de que se pueda agilizar la labor de la Justicia, se lleven a cabo juicios rápidos y se impongan las medidas cautelares necesarias “que permitan la actuación de los Cuerpos de Seguridad para llevar a cabo de forma inmediata los desalojos”.
“La Policía Nacional o la Guardia Civil no puede ir a una vivienda y desocupar a las personas que han entrado de forma ilegal sin que antes exista una denuncia por parte de sus propietarios y una decisión judicial que permita el desalojo”, remarcó la subdelegada.
Despertar conciencias sobre un problema que afecta a toda la vida de un barrio
Cuando se produce la Ocupación los primeros en actuar son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y por eso el COAF quiere “despertar conciencias, tanto de las autoridades como en la sociedad, y atajar una situación que lleva años implantándose y se convierte en foco que acarrea otros problemas de salubridad, de seguridad y orden público, de violencia o drogas, y que no solamente afectan al edificio ocupado, sino al conjunto de vecinos de la calle o el barrio donde se radica”, explicó Toscano a la subdelegada, informándole de que hay fincas “en las que hasta el 80% de las viviendas están ocupadas”.
El Colegio de Administradores de Fincas es consciente de que hay básicamente dos tipos de ocupación diferente. De una parte la que es fruto de dificultades económicas sobrevenidas en familias que se han visto desahuciadas y sin otra posibilidad que la de ocupar una vivienda, y de otra aquellas que producto de colectivos o individuos que quieren aprovechar la de falta de control para “introducirse en viviendas abandonadas, entrar a vivir y además sacar algún tipo de rentabilidad económica, extorsionando a los legítimos propietarios y usándolas para acciones delictivas”, aclaró Toscano.
En ambos casos la afectación para la vida y la economía -mediante enganches ilegales a la luz o el agua- del resto de vecinos de las Comunidades es total “por lo que se hace muy necesario determinar una serie de instrucciones que orienten a los profesionales sobre cómo actuar en cada caso”, manifestaron los Administradores de Fincas Colegiados a la representante del Gobierno en Huelva.
La inacción de los bancos y la “necesidad de denunciar cuanto antes”
Esta problemática ha empezado a reproducirse y agudizarse tras duros años de crisis económica que ha dejado multitud de edificios con viviendas abandonadas y sin nadie que responda por ellas, “especialmente cuando los propietarios de las mismas son los bancos, y no están atendiendo al conjunto de obligaciones que tienen”, denunció Toscano.
Esto está favoreciendo, además, la proliferación de métodos que podrían encuadrarse como actividades mafiosas, que sin duda agravan el problema de los vecinos y Administradores Colegiados, como profesionales que tienen “conocimiento fehaciente de grupos encargados de ofrecer información a cambio de dinero, a familias necesitadas o personas concretas, sobre las viviendas susceptibles de ser ocupadas en cada zona”, explicó el presidente del COAF durante la reunión.
En este sentido, Grávalos apostó por una mayor colaboración y coordinación con jueces y fiscales para agilizar todo el proceso, al tiempo que ha pedido a los administradores de fincas colegiados “que transmitan a los propietarios la necesidad de denunciar para poner en marcha todos los mecanismos que existen para combatir la ocupación ilegal de viviendas”, en referencia a la activación de los juicios rápidos.
Por último, la subdelegada y el presidente del COAF han coincidido en resaltar la necesidad de una “interlocución directa y fluida” entre las administraciones y el Colegio para responder a las inquietudes de los onubenses y “sumar fuerzas” para garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos.